Realmente preocupa que algunos postulantes a la Presidencia Regional no tengan una visión exacta de lo que harán si el pueblo los elige el 3 de Octubre. Unos proponen temas en sus planes de gobierno que corresponderían a un gobierno nacional y otros proponen asuntos que suenan más a tarea municipal pero no regional.
Las competencias de los gobiernos regionales están señaladas claramente en la Ley. Para este caso en la Constitución Política - Art. 192 y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales- Ley 27867- y de acuerdo a ello y por existir tres niveles de gobierno en el Perú, se tiene que respetar el campo de acción y actuar conforme dicta el libreto.
Por tanto no se pueden ofertas promesas que jamás se lograrán o proponer soluciones a conflictos que todavía son administrados plenamente por el gobierno nacional. Tampoco se puede incidir en el campo de los gobiernos municipales y por el contrario se tiene que articular y concertar con ellos en un espacio que se llama Consejo de Coordinación Regional y que varias autoridades locales no se tomaron en serio y desde el principio.
La realidad de la gestión publica regional tiene sus características muy especiales que se han desarrollado desde el 2003 en adelante. Por lo pronto hay una evidente pugna por el poder que sigue sosteniéndose desde el estado central o sea el ESTADO NACIONAL y que trata de usar el concepto de ESTADO UNITARIO para justificar la agresión legal y normativa que intenta acorralar a los equipos regionales.
Allí están como muestra los programas y oficinas desconcentradas que se meten literalmente en la administración de los departamentos y dictan disposiciones como si los niveles regionales ni siquiera existiesen. Realmente por ello es urgente que los funcionarios públicos de los ministerios, especialmente de Salud, Educación y Trabajo, conozcan realmente cómo está formado el Perú y eviten dictar normas que afectan directamente a las dependencias que son del nivel regional; y en cambio asuman, por el contrario, una política que se limite al dictado de las disposiciones nacionales y la aceptación de que cada departamento tiene que regirse por aquellas normas que si se adapten a su propia realidad.
Todo esto pasa por el camino de un trabajo aplicado con la capacidad y estrategia suficiente y que logre arrancar de manos extrañas las funciones que tenemos que desempeñar en nuestro territorio. Para ello se necesita fortalecer capacidades en los Consejos Regionales a fin de que se “acuerden” del valor de las llamadas ORDENANZAS regionales. Y también se tiene que difundir qué poder representan esas ORDENANZAS entre toda la comunidad a fin de que se acepten y se acaten como un modo rápido de recuperar el comando.
Los núcleos ejecutivos de los gobiernos regionales tienen que sostenerse en ese aparato legal. Para ello se necesita análisis y creatividad así como una bolsa presupuestal que no sea comprimida desde Lima a la aplicación de recursos diseñados por personas que desconocen totalmente las necesidades y lineamientos que los equipos políticos de ahora están proponiendo como un compromiso ante la ciudadanía para aplicar desde el próximo primero de enero.
Hay que dejar las manos libres a la responsabilidad regional y ese es el criterio que debe seguirse a fin de que avance la llamada DESCENTRALIZACION FISCAL y que no es mas que la captación, administración y aplicación de los recursos públicos para el soporte de los planes, programas y proyectos que los mandatarios regionales consideren urgentes y necesarios.
Si bien este proceso del cual hablamos, el FISCAL, ha tenido sus limitaciones cuando hablamos de macro economía y se debe a que la captación de impuestos no es pareja en todo el país, por que hay gobiernos regionales ricos y hay gobiernos regionales pobres; esta situación no es una cojera permanente e insuperable.
Por citar el ejemplo nuestro, Lambayeque es un gobierno regional que no tiene ingresos por concepto de canon, ni minero, ni petrolero ni de otra condición; pero si se le abrirán unas posibilidades enormes que se fundamentan en la presencia del Proyecto Olmos y de la explotación minera en la sierra ferreñafana. También tenemos que sumar a ello la expectante presencia de petróleo frente a nuestras costas y otras posibilidades energéticas que podemos explotar.
El mismo caso se presenta en otros departamentos que no han tenido hasta ahora un nivel posible de autonomía económica pero que, con la distribución de oportunidades de negocio en todo el Perú (según lo informan los cuadros estadísticos de los últimos años), tienen una esperanza de manejar cada vez ingresos propios en mayor volumen.
La comparación y el contraste vienen por el lado de que los gastos que el Estado tiene en cada departamento supera en muchos casos a los ingresos que ese mismo departamento puede tener mediante la presencia de empresas generadoras de recursos fiscales. Solamente si sumáramos los montos que Lambayeque percibe para el sostén de la actividad publica en todos los sectores nos encontraríamos con que hay un resultado desigual. Esto es, siempre el gasto aplicado ha sido mayor que el ingreso generado en la zona, por que también algunas entidades privadas siguen trasladando sus ingresos a las oficinas que mantienen en la capital y de esta forma se disfraza el monto general que estas entidades están obligadas a cotizar. Eso no significa que se evadan impuestos sino que los mismos son depositados en Lima y no se distribuyen correctamente y tal como debieran ser.
Pero conforme las economías locales crecen, esa dependencia se va reduciendo. Los propios analistas nacionales nos dicen que ahora hay más empresas distribuidas en todo el territorio. Para muestra tenemos que las grandes redes del mercado abren cada año más y más locales en todo el Perú. Hace apenas 7 años no existía tanto movimiento económico en los llamados RETAILS y que son las famosas tiendas agrupadas por departamentos que ahora se ubican en cada una de las ciudades de la costa y poco a poco van tomando la Sierra como su foco de atención.
Asimismo, la explotación racional de recursos naturales abre cada día mas bocas en la tierra de todos los departamentos y esa riqueza generada no puede irse a engrosar unos cuantos bolsillos sino que tiene primero que ser repartida entre los propietarios verdaderos del recurso, asumiendo la escala gradual que tiene el canon por ejemplo.
Y ya que mencionamos al canon, si bien es cierto que muchas administraciones regionales cuentan con recursos enormes, de carácter nominativo, por ingresos gestados de sus riquezas mineras y de otra extracción, aun se mantienen sobre esos recursos unos controles muy rígidos debido a que persiste el criterio limeño de que los ciudadanos del interior no saben ni pueden administrar sus riquezas.
Contribuye a esto la mala atmósfera política y el mensaje que lanzan algunos funcionarios del mas alto nivel nacional. Bajo el pretexto de un conflicto en Puno o en Ancash se pretende generalizar los conceptos y decir que los gobiernos regionales no sirven como nivel de gestión y que es necesario seguir cuidándolos con un paternalismo que realmente esta demás.
A pesar de ello son las mismas entidades nacionales las que han confirmado que los mejores niveles de ejecución de la inversión publica ahora están en los gobiernos regionales y ya no en los ministerios. Entonces se descubre aquí una intención de retroceder en la descentralización que nosotros no debemos permitir.
La descentralización del Perú tiene que avanzar a la par que la distribución de capacidades. Lambayeque ha demostrado tenerlas en los últimos 8 años y ha logrado calificar como Gobierno regional en el primer lugar de eficiencia. Esto a pesar de los tropiezos que genera la propia administración nacional que sigue tratando de corregir lo que ni siquiera conoce a fondo o de dirigir lo que no está en condición de hacer.
Los futuros gobiernos regionales que se elijan el 3 de octubre deben ser una muestra mayor de madurez política. Así lograremos impulsar la descentralización. Y se tienen que implementar ya, desde nosotros, órganos como el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que conforman los representantes de los gobiernos nacional, regional y local, cuyo funcionamiento se está quedando en el olvido a pesar de haberse establecido dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Perú (LOPE).
Este Consejo realmente debería reemplazar al llamado Consejo de Ministros pues su fuente de elección ( del CCI) es el voto popular. En cambio, el Consejo de Ministros responde a la designación del Presidente de la República y representa únicamente la voluntad de un solo partido de gobierno extendido a todo el territorio nacional.
Hay que resolver ademas el conflicto que genera la existencia paralela del Congreso de la República y de los Consejos Regionales. Ambos tienen por mandato constitucional los mismos poderes y los divide únicamente la dimensión en que actúan: unos en todo el territorio y los segundos en su territorio regional. Y esa duplicidad se refleja en que se dicten normas contradictorias y no complementarias o subsidiarias, tal y como debía ser.
Fortaleza y capacidad son necesarias para hacer una buena gestión. Y el ojo colectivo tiene que mirar muy bien a quién elige el 3 de octubre. La oportunidad de desarrollo no se puede arriesgar así nada más en un voto desinformado que traiga por abajo todo lo alcanzado hasta hoy y que en resumen es un logro positivo- en todo el Perú- que vamos a defender.
MARCO CARDOSO MONTOYA
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