Al contrario de lo practicado por los países vecinos, nuestros gobernantes nacionales dejaron a un lado el rol planificador del Estado, provocando que luego de la desactivación del INP- Instituto Nacional de Planificación-año 1992- siguiese un silencio absoluto hasta la creación del CEPLAN-Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- año 2005- con lo que se generó una brecha en medio de la cual nada se preparó con la necesaria previsión ni se tomó en cuenta metas de característica multianual que pudiesen ser acometidas por el Estado en su conjunto.
Si bien el CEPLAN significó un cambio radical debido a que su predecesor el INP solamente tenía una característica sectorial y en cambio la nueva criatura fue decididamente territorial, la intencionalidad quedó allí nomas. Esto es, fue asumida por un pequeño grupo de pensadores y burócratas pero no se convirtió, como debió ser, en un compromiso del Estado en su conjunto.
No hubo un sistema de soporte que se transmitiese a nivel regional y local y de esa forma no se consiguió el objetivo que en las normas de creación se había estimado: el Perú no caminó hacia un destino común y cada uno de los dirigentes intermedios hizo lo que pudo dentro del rango general de un comando también impreciso e inconsecuente.
Quizá podría decirse que solamente el componente económico y presupuestal fue el débil conductor de políticas nacionales pero en este campo, la visión del Ministerio de Economía y Finanzas fue siempre limitada. La tarea mayor de dicho ente sectorial ha sido la de evitar que el vaso se derrame, es decir, atender el flujo de recursos en un equilibrio que se fundó mucho en el criterio de cascada o sea repitiendo año tras año la misma propuesta de recursos y la misma provisión de bienes y servicios. Para algunos de los funcionarios del ente rector de la Economía el Perú ni crecía ni tenía un derrotero. Y en cada periodo anual las leyes presupuestales apenas incrementaban en puntos porcentuales el diseño ya consolidado, haciendo que esa estrechez de criterio impida variar la meta los objetivos y anulando el caminar hacia la gran visión.
Admitimos sin embargo que en los años que corren, los planificadores del desarrollo están estirando la mirada hacia mucho más adelante de lo que puede significar “el año venidero”. Un poco a eso apunta los llamados presupuestos por resultados que sin embargo encierran al actuar del Estado en parámetros demasiado puntuales. Se ponen metas en vacunación, metas en alfabetización, metas en atención del binomio madre niño. Pero nos preguntamos si esas metas son asumidas plenamente por los funcionarios en todos los niveles del gobierno y si también son asumidas en el interior de los planes políticos que se aplicarán a los próximos años. Por lo pronto encontramos una grave disyuntiva: los periodos de gestión distintos entre el nivel nacional.
Cinco años duran los mandatos de los presidentes nacionales y cuatro años solamente los que corresponden a los presidentes regionales y alcaldes. ¿Se puede asumir un plan de desarrollo en esas condiciones? Es como si a mitad de camino se tuviese que cambiar de cabalgadura y en cada ciclo el movimiento de responsables de la gestión cambia de tal forma que un día el presidente nacional juramentará el cargo y al medio año se tendrán que ir los presidentes regionales y alcaldes de todo el Perú por razones electorales.
Podemos empezar por poner el orden en esa materia. Procede una modificatoria constitucional que nivele los períodos de mandato para que realmente se conformen equipos con una misma misión y una concertación que supere los documentos: que se fije en las personas, en los actores y promotores del desarrollo.
Si las cosas no se acomodan de esa manera siempre tendremos que estar sujetos a un Plan Nacional, sin mayor compromiso por los mandatarios subnacionales y a una serie de planes dispersos enfocados en documentos de excesiva envergadura como son los compromisos del milenio o los objetivos del Planeta Tierra. Para planificar debemos poner los pies muy firmes en el suelo y empezar a trabajar siguiendo el mandato de Vallejo: abrazar al primer hombre...echarnos a andar.
La planificación tiene que correr por todas las venas de nuestra República Democrática y Solidaria. Sin ese propósito el futuro de la patria está muy difuso.
Si bien el CEPLAN significó un cambio radical debido a que su predecesor el INP solamente tenía una característica sectorial y en cambio la nueva criatura fue decididamente territorial, la intencionalidad quedó allí nomas. Esto es, fue asumida por un pequeño grupo de pensadores y burócratas pero no se convirtió, como debió ser, en un compromiso del Estado en su conjunto.
No hubo un sistema de soporte que se transmitiese a nivel regional y local y de esa forma no se consiguió el objetivo que en las normas de creación se había estimado: el Perú no caminó hacia un destino común y cada uno de los dirigentes intermedios hizo lo que pudo dentro del rango general de un comando también impreciso e inconsecuente.
Quizá podría decirse que solamente el componente económico y presupuestal fue el débil conductor de políticas nacionales pero en este campo, la visión del Ministerio de Economía y Finanzas fue siempre limitada. La tarea mayor de dicho ente sectorial ha sido la de evitar que el vaso se derrame, es decir, atender el flujo de recursos en un equilibrio que se fundó mucho en el criterio de cascada o sea repitiendo año tras año la misma propuesta de recursos y la misma provisión de bienes y servicios. Para algunos de los funcionarios del ente rector de la Economía el Perú ni crecía ni tenía un derrotero. Y en cada periodo anual las leyes presupuestales apenas incrementaban en puntos porcentuales el diseño ya consolidado, haciendo que esa estrechez de criterio impida variar la meta los objetivos y anulando el caminar hacia la gran visión.
Admitimos sin embargo que en los años que corren, los planificadores del desarrollo están estirando la mirada hacia mucho más adelante de lo que puede significar “el año venidero”. Un poco a eso apunta los llamados presupuestos por resultados que sin embargo encierran al actuar del Estado en parámetros demasiado puntuales. Se ponen metas en vacunación, metas en alfabetización, metas en atención del binomio madre niño. Pero nos preguntamos si esas metas son asumidas plenamente por los funcionarios en todos los niveles del gobierno y si también son asumidas en el interior de los planes políticos que se aplicarán a los próximos años. Por lo pronto encontramos una grave disyuntiva: los periodos de gestión distintos entre el nivel nacional.
Cinco años duran los mandatos de los presidentes nacionales y cuatro años solamente los que corresponden a los presidentes regionales y alcaldes. ¿Se puede asumir un plan de desarrollo en esas condiciones? Es como si a mitad de camino se tuviese que cambiar de cabalgadura y en cada ciclo el movimiento de responsables de la gestión cambia de tal forma que un día el presidente nacional juramentará el cargo y al medio año se tendrán que ir los presidentes regionales y alcaldes de todo el Perú por razones electorales.
Podemos empezar por poner el orden en esa materia. Procede una modificatoria constitucional que nivele los períodos de mandato para que realmente se conformen equipos con una misma misión y una concertación que supere los documentos: que se fije en las personas, en los actores y promotores del desarrollo.
Si las cosas no se acomodan de esa manera siempre tendremos que estar sujetos a un Plan Nacional, sin mayor compromiso por los mandatarios subnacionales y a una serie de planes dispersos enfocados en documentos de excesiva envergadura como son los compromisos del milenio o los objetivos del Planeta Tierra. Para planificar debemos poner los pies muy firmes en el suelo y empezar a trabajar siguiendo el mandato de Vallejo: abrazar al primer hombre...echarnos a andar.
La planificación tiene que correr por todas las venas de nuestra República Democrática y Solidaria. Sin ese propósito el futuro de la patria está muy difuso.
MARCO CARDOSO MONTOYA
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